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Indígenas peruanos marchan para exigir fin de asesinatos en la Amazonía

Al grito “la sangre derramada nunca será olvidada”, indígenas peruanos marcharon este viernes en Lima para reclamar protección para la tierra y el agua, y solidarizarse con un periodista británico y un experto brasileño asesinados en la Amazonía en Brasil.

Una pancarta que decía “Proteger la tierra, el agua y la vida” encabezaba la bulliciosa manifestación que recorrió calles de dos distritos del sur de la capital peruana, en la que participaron un centenar de indígenas de la sierra andina, la selva amazónica y la costa de Perú.

Vestidos con coloridos trajes, los indígenas hicieron un “plantón” (manifestación) frente a la sede del ministerio de Justicia en el distrito de Miraflores, y luego caminaron casi tres kilómetros hasta el edificio del ministerio del Interior, en el vecino municipio de San Isidro, donde reiteraron sus demandas.

“Nos indigna que nuestros territorios están hipotecados, concesionados, por las empresas mineras. Estamos en la puerta del ministerio del Interior porque el gobierno no nos escucha”, dijo la aymara Margarita Atencio Mamani.

“Nuestro Lago Titicaca [compartido por Perú y Bolivia] está muy contaminado”, se lamentó la mujer de 49 años, vestida con un traje tradicional.

Asesinatos en Brasil

Los manifestantes denunciaron que los defensores del medio ambiente en la Amazonía son blanco frecuente de ataques. De ellos 19 han sido asesinados en los últimos dos años en Perú, según varias ONG.

El último caso ocurrió hace dos meses, cuando el dirigente indígena Ulises Rumiche fue asesinado de un disparo en la cabeza en una carretera del distrito de Pangoa, en la selva central de Perú.

“Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores [del medio ambiente], en el mundo”, dijo la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

“La violencia contra los defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos está fuera de control a nivel nacional”, añadió DAR en un comunicado.

La dirigente amazónica awajún Agustina Mayan, de 44 años, dijo que no se puede “permitir que sigan asesinando” activistas en la Amazonía.

“Nos solidarizamos con Brasil”, añadió la mujer, tras los asesinatos del periodista británico Dom Phillips y del brasileño Bruno Pereira, un reconocido experto en pueblos indígenas, en una remota zona de la Amazonía, no lejos de la frontera peruana, mientras preparaban un libro sobre la conservación del medio ambiente.

“La Amazonía corre mucho peligro por la tala de madera y la contaminación del agua y el medioambiente en general”, declaró Arthur Cruz Ochoa, jefe de la comunidad indígena de Maynas Punchana, en la región selvática de Loreto.

“Ya no hay pescado”

“Pesca sí, petróleo no”, decía una pancarta aludiendo al derrame de 12,000 barriles de crudo mientras un buque con bandera italiana descargaba en una refinería cercana a Lima, el 15 de enero, que contaminó decenas de playas y dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales.

La petrolera española Repsol, dueña de la refinería, atribuyó el siniestro al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga, al otro lado del océano Pacífico.

“El agua nos alimenta debemos alimentarla evitando contaminarla”, decía otra pancarta.

Los indígenas alegan también que las faenas petroleras en la Amazonía y la extracción minera en la sierra andina destruyen los ecosistemas y no dejan beneficios para las comunidades de la zona.

“Estamos luchando por la minería ilegal que está contaminando el río Cenepa (norte). Está en peligro la vida de los niños que todos los días se bañan en el río. Ya no hay pescado”, dijo Agustina Mayan.

“La minería contamina”

Los manifestantes criticaron las actividades mineras en la sierra peruana.

“Estamos presentando nuestra voz de protesta. La minería en todo el Perú contamina”, declaró Rodrigo Abarca Quispe, dirigente de una comunidad de Cotabambas, en la región andina de Apurímac.

En Apurímac está la mina de cobre Las Bambas, que tuvo sus operaciones suspendidas durante más de dos meses por protestas y bloqueos de rutas por parte de comunidades.

La mina, de propiedad del grupo chino MMG, produce casi el 15% del cobre peruano, pero ha enfrentado repetidas interrupciones desde que comenzó a operar en el 2016.